Cómo es el plan del Gobierno para habilitar la minería sobre glaciares
En silencio y sin hacerlo público, el Gobierno diseña desde hace meses una estrategia para destruir el espíritu de la ley de glaciares a través de una reglamentación que desvirtúe la definición de glaciar y allane el camino para la instalación de mineras en zonas prohibidas.
El diario Infobae tuvo acceso a dos documentos que fueron enviados de manera anónima a los querellantes de la causa en la que se investiga el incumplimiento de la ley de glaciares.
Ese medio pudo corroborar de manera independiente con trabajadores de las dependencias involucradas la veracidad de las cuestiones tratadas en los documentos, que muestran la estrategia diseñada por técnicos de la Secretaría de Minería, y las discusiones internas.
El primero es un borrador de la reglamentación que debería firmar el presidente Mauricio Macri y el segundo es una presentación en Power Point que describe con detalles cómo hacer para demoler algunos artículos clave de la ley.
El Gobierno prometió 20 mil millones de dólares en inversiones mineras. El documento habla de más de 25 mil millones de dólares de inversiones potenciales, pero sabe (y sabía el Presidente cuando hizo el anuncio) que no menos 16.360 millones sólo llegarían si las condiciones internacionales y locales lo permiten, y si la ley de glaciares deja de existir.
De acuerdo al documento del propio Gobierno, hay cuatro proyectos que contienen en su área geoformas mapeadas en el Inventario Nacional de Glaciares. Son Altar, Pascua Lama, Los Azules y Pachón, todos en San Juan.
Las inversiones que el gobierno estima en esos proyectos son de 10 mil millones de dólares, pero el deseo está lejos de la realidad, ya que además de la violación de la ley, Pascua Lama fue frenado por la Justicia chilena por contaminar dos glaciares y Pachón está absolutamente paralizado y en medio de un conflicto binacional con Chile por la escombrera de una minera trasandina que contaminó lagos y secó vegas en Argentina, entre otras cosas.
Y hay otros tres proyectos, por 6.360 millones de dólares, con «potencial conflicto» con la ley de glaciares. El «potencial», en realidad, es porque esos lugares todavía no fueron inventariados. En otras palabras, son zonas que una vez que sean incluidas en el inventario de glaciares deberán ser protegidas.
El glaciar Toro 1, cubierto de polvo minero.
El acuerdo para reglamentar la ley de glaciares se alcanzó el 21 de julio, lo cual quiere decir que se venía negociando desde hace rato. Sin embargo, recién a fines de agosto llegaron a un convenio definitivo y a mediados de septiembre se empezaron a reunir los equipos técnicos por separado. En octubre cada dependencia presentó su borrador y se realizó un taller y dos reuniones en cada ministerio.
Si hay algo que queda claro en ambos documentos es el afán de la Secretaría de Minería de «ir por todo», lejos de la posición mucho más medida –pero a favor de la reglamentación– del Ministerio de Ambiente. Es lógico: el secretario de Minería es Daniel Meilán, un emblema del esquema minero libre de impuestos promovido durante el menemismo y un crítico de las leyes a favor del medio ambiente que, dice, carecen de sustento. Por caso, tampoco estaría de acuerdo con reglamentar las herramientas vinculadas al desarrollo sustentable, como pretende el Ministerio de Ambiente.
La Barrick Gold cortó un glaciar.
En el documento se explica expresamente cómo hacer «para exceptuarlos del área a proteger». Para ello, la Secretaría de Energía propuso incluir un requisito extra para que sean resguardados por la ley: contar con un «Estudio de Significancia Hídrica», que parecería que en el Ministerio de Ambiente, al menos en un principio, no están de acuerdo con exigir. Lo mismo se propuso para los glaciaretes, que son parte del ambiente glaciar protegido por ley.
Ver modificaciones del borrador propuestas a la Ley de glaciares
En este punto hay que hacer una explicación. En los documentos parecería sobrevolar la idea de que habría que demostrar que los glaciares y el ambiente periglacial son «recurso hídrico estratégico» para que sean protegidos, algo que la ley no exige.
Muy lejos de esa interpretación maniquea, la ley define a todos los glaciares y la ambiente periglaciales como recursos estratégicos e incluso aclara que no es la única finalidad de protección: también hay que resguardarlos «para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico». En resumen, por más que se demuestre que un glaciar no tiene «significancia hídrica», aún así está protegido por ley. Daniel Meilán y se equipo, entonces, quieren reducir a uno sólo los seis objetivos de la ley propuestos por el Congreso nacional.
«Algunos glaciares de escombro tienen en la nariz un arroyito que nace de ellos. Estos caudales se pueden medir. Pero hay glaciares de escombro que no tienen estos arroyos, porque el agua de ellos se va en forma subterránea, aflorando varios kilómetros abajo. Así, el proyecto dejará afuera a estos glaciares de escombro que cumplen su importante función hidrológica», explicó a Infobae el abogado Diego Seguí, que encabeza la querella junto al letrado Enrique Viale.
Otra aclaración para nada menor: una reglamentación no puede desvirtuar una ley. No sólo porque no es legal, sino que tampoco es democrático ni republicano. Si el Gobierno decida avanzar, es probable que al otro día se presenten recursos de amparo reclamando su inconstitucionalidad, pero la Justicia –creen en la querella– no es garantía de nada.
Esta interpretación sesgada de la ley se ve mucho más clara cuando se analiza el borrador de la reglamentación. Por ejemplo, el Gobierno pretende proteger, solamente, a los glaciares que tengan más de una hectárea, pese a que la ley aclara expresamente que quedan resguardados todos los glaciares «cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación».
De esta forma, por ejemplo, quedaría afuera del inventario el glaciar binacional Toro 1, que tiene poco más de 700 metros cuadrados del lado argentino de la frontera y sobre el cual está diseñado el rajo del proyecto Pascua Lama. Ese glaciar ya fue contaminado por Barrick Gold.
No obstante, lo más curioso es que el Ianigla ya había decidido utilizar ese criterio, lo cual demuestra que la decisión de las autoridades a cargo del inventario no fue basada en ningún aspecto legal. Pero además, como aclaró el abogado Seguí, «cualquier geoforma que tiene dimensión inferior a una hectárea también cumple un función hídrica, y de hecho en ambientes áridos, como la cordillera andina central, es normal que esos cuerpos sean pequeños, lo que se compensa con la gran cantidad que hay».
Hay otro tema que genera incertidumbre: hay cuestiones sobre las que el Ianigla ya avanzó y ahora deberían ser revisadas. Es decir que habría que volver para atrás en la mínima aplicación que ya se hizo de la ley.
Algo que llama poderosamente la atención es la cantidad de recursos que el Estado destinó a destruir la ley de glaciares. Son los abogados y equipos técnicos del Poder Ejecutivo los que realizaron el trabajo de las mineras. Pero aquí hay otra discusión de fondo: el esquema de desarrollo que promueve el gobierno.
Si bien la minería se suele calificar como un motor de progreso, las zonas mineras, en todo el mundo, son las que peores indicadores tienen en sus países. Y Argentina, naturalmente, no es la excepción: el mayor desempleo de San Juan está en los cinco departamentos con proyectos mineros, superando el 50% en el que Barrick Gold instaló Veladero.
Es más: las provincias con minería a cielo abierto, como Catamarca, San Juan y Santa Cruz, son de las que peores indicadores socioeconómicos tienen del país. A esta altura de la historia, cualquiera debería saberlo.
Fuente: Infobae
