Gobernanza y políticas energéticas: una alianza infalible para combatir el cambio climático

Publicamos aquí un trabajo de Yesica Barotto, realizado para la universidad católica de Córdoba sobre políticas energéticas, cambio climático, y gobernanza.

El cambio climático definido por la CMNUCC, en su artículo 1, como: “cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmosfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables”, no es un fenómeno reciente como tampoco un hecho del cual deberían ocuparse aquellas personas que habiten en el futuro, pues es un proceso que reside en el presente.

A diferencia de determinados fenómenos de carácter puramente político o social, el cambio climático provocara que todos los países a nivel mundial sufran las consecuencias. Es decir, que no existen fronteras físicas o políticas, ya que sus consecuencias son a escala global; y no necesariamente aquellos países que emitan mayor cantidad de CO2, serán los más afectados.
Los efectos del cambio climático, van desde el calentamiento de la atmosfera; calentamiento de los océanos; cambios en el ciclo global hidrológico; reducción de la nieve y el hielo; aumento del nivel medio del mar global; cambios en fenómenos climáticos extremos, hasta desbalances en la calidad de vida de los humanos.

¿Hacia dónde debería encaminarse la lucha contra el cambio climático, desde la cooperación internacional?
Pues, de hecho, ha sido el altísimo consumo de las energías tradicionales lo que ha provocado el calentamiento del clima que ya sufrimos y que seguiremos experimentando en las próximas décadas. Estas fuentes provienen de la explotación y uso masivo de los combustibles fósiles, primero fue el carbón, luego el petróleo y el gas natural.

El gran inconveniente radica en que los datos recientemente obtenidos, tras diferentes estudios, confirman que el consumo de combustibles de origen fósil representa la mayor parte de las emisiones mundiales de GEIs de origen antropogenicos. Lo que lleva a aligerar el proceso de efecto invernadero y con ello fomentar el calentamiento global.

Por lo tanto, no sería erróneo sostener que apuntar al sector energético sería una importante arma para ésta lucha contra el cambio climático.

Es cierto que pasar de energías tradicionales a energías renovables no es un proceso fácil y rápido, pero tampoco es imposible. La energía es un servicio con mucha demanda, además de que es considerada necesaria para transformarla en trabajo, y de allí satisfacer las necesidades básicas de las personas (cocina, ambientación, movilidad, comunicación, etc.). En la actualidad hemos llegado a tal punto de necesidad de ella, que le hemos exigido al planeta al máximo la extracción de fuentes energéticas tradicionales.

Teniendo en cuenta que tanto en la Argentina como en otros países, más del 85% de la energía que se produce proviene de los combustibles fósiles, es de suma importancia promover la trasformación del sector energético tradicional por las energías verdes o energías renovables.

Si bien la sustitución de las fuentes de energía representa un desafío inmenso desde el punto de vista técnico, tecnológico y también económico, en cuanto a inversiones iniciales; pues será inevitable enfrentarse a ésta multiplicidad de complejidades. Pero aun así, al cambio lo necesitamos lo antes posible, por no decir urgente.

Las energías renovables son un pilar significativo del desarrollo energético en el mundo. Dicha información se explica en informes que han expresado que la adopción de tecnologías de la energía renovable ha aumentado de manera considerable en los últimos años, y pareciera ser que su porcentaje de utilización aumentará sustancialmente.

A su vez, ello se relaciona directamente con el destacado papel que juega la comunidad internacional. Gracias a la cooperación internacional, las energías renovables han recibido un importante respaldo por ellas con el ‘Acuerdo de París’ suscrito en la Cumbre Mundial del Clima celebrada en diciembre de 2015 en la capital francesa.

En este sentido, según un informe de la AIE, la demanda mundial de electricidad aumentará un 70% hasta 2040,-elevando su participación en el uso de energía final del 18% al 24% en el mismo periodo- espoleada principalmente por regiones emergentes (India, China, África, Oriente Medio y el sureste asiático).

Los recursos energéticos renovables como la energía solar, la energía eólica, hidráulica, geotérmica, marítima, biomasa…podrían ser la contracara de esta matriz energética contaminante y limitada, si se desarrollaran aprovechando sus características intrínsecas: Alta distribución geográfica; no generan gases de efecto invernadero; brindan la posibilidad de acceso con tecnologías de pequeña o mediana escala; su aprovechamiento se podría lograr con recursos humanos y tecnologías locales, y con múltiples actores participando de su producción y distribución, facilitando así el acceso a esos recursos y a la energía que puedan generar; presentan una alternativa económica y ambiental factible; y se abastecen de recursos que no se van a acabar (viento, sol, agua, etc).

Es ineludible destacar el papel de estas energías, ya que además de su gran potencial para mitigar el cambio climático, pueden aportar otros beneficios. Entre ellos, contribuir al desarrollo social y económico, favorecer el acceso a la energía y la seguridad energética, y reducir sus efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud.

¿Qué es la seguridad energética?
Conforme con el CME, la seguridad energética se refiere a la gestión eficaz del suministro energético primario proveniente de fuentes nacionales o extranjeras, la integridad de infraestructuras energéticas y la capacidad de satisfacer la demanda actual y futura por parte de los proveedores energéticos. Asimismo, define igualdad energética como un suministro de energía asequible al que pueda acceder toda la población. Por último, se refiere a sostenibilidad ambiental como la búsqueda de eficacia en materia energética, tanto en la demanda como en la oferta, y el desarrollo del suministro energético proveniente de fuentes renovables y poco dependientes del carbono (Consejo Mundial de la Energía, 2014).

En países como Argentina y Brasil, se han ratificado los protocolos para reducir las emisiones de GEIs, en los años 2001 y 2002. Si bien, estos países no han asumido la responsabilidad de lograr una reducción en un porcentaje determinado de emisiones, si se han comprometido a realizar diferentes esfuerzos para enunciar y emplear, programas nacionales y regionales, con el fin de mitigar el cambio climático.

En este sentido, el sector energético de ambos países seria la clave para dicho compromiso. Ello se debe a que en estos países los recursos renovables son abundantes. Sin embargo, la explotación del petróleo y del gas no deja de ser un símbolo económicamente importante, para el sostén de sus economías. Por tanto la región del MERCOSUR, entre otras tantas, es considerada una gran emisora de GEIs, pero al mismo tiempo o en paralelo, es afectada por el cambio climático.

Debido a que el cambio climático es una emergencia global, la ONU estableció claros objetivos: “la seguridad energética tiene una correlación fundamental con el desarrollo económico y social. En consecuencia, la globalización energética deberá estimular a los países a adoptar nuevas políticas en su producción doméstica de energía como en los sistemas de transporte”.
En efecto, la seguridad energética corresponde con un nuevo tipo de gobernanza global de los países. Desde la ciencia política, se ha comprobado que la respuesta al cambio climático, no es una acción que deba llevarse a cabo solo por parte de los gobiernos, sino mas bien es preciso, la conformación de una gobernanza global.

Esto es, que tanto el sector público como el sector privado trabajen en conjunto, y en cooperación en planes de mitigación y adaptación; como así también el sistema financiero internacional; y por ultimo también se requiere de la participación, insumos y recursos de la sociedad, entendida esta como la sociedad económica y la sociedad civil.

Ya que está demostrado que el cambio climático será a futuro la mayor amenaza del sistema financiero, es menester que él mismo deba alinearse a resultados que no sean meramente económicos, y tener en consideración los impactos sociales y ambientales que provienen de las inversiones de capital. Si bien la mera ganancia económica es un factor necesario para los inversionistas, no debería ser su fin último, en vista de que no habrá actividad económica que pueda prosperar si la amenaza climática es la que gana la batalla.

Algunos aportes por parte del sistema financiero a la lucha son, el Global Impact Investing Netwok (GIIN): organización internacional dedicada a las finanzas de alto impacto. El GIIN busca cambiar la manera en la que se concibe las finanzas teniendo como fin último demostrar el impacto positivo que las inversiones de capital pueden tener en el ámbito social y ambiental.

Otro ejemplo importante a nivel internacional de la mutación del sistema financiero es el Fondo Verde para el Clima (Green Climate Fund), el fondo más grande a nivel mundial destinado a la lucha contra el cambio climático, cuyo objetivo es financiar a los países en vías de desarrollo para que puedan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y para fortalecer sus respuestas frente al cambio climático.

En la actualidad, la mayor parte del financiamiento privado está destinado a proyectos de mitigación climática, mientras que las IFD o las IFI (Instituciones Financieras de Desarrollo- Instituciones Financieras Internacionales), organismos multilaterales, permiten financiar proyectos de adaptación.

En conclusión, el aporte de la Gobernanza es fundamental, se debe reconocer que los gobiernos ya no son exclusivamente únicos responsables de esta batalla, sino que requieren de recursos, competencias y objetivos de otros actores sociales. Así tanto el sector público como privados, a escala mundial, deben trasladar capital a la lucha contra el cambio climático.

Yesica Barotto
Estudiante de Ciencia Política, UNC; y Certificada en gestión y diseño de políticas ambientales