COP2 de Escazú: un acuerdo clave para la protección de los defensores del Ambiente
Este viernes culminó la segunda Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, donde representantes de más de 20 países de América Latina y el Caribe se reunieron para avanzar en la aplicación del tratado a lo largo de toda la región. Además, Argentina presentó su Plan Nacional de Implementación y se puso en marcha el Fondo de Contribuciones Voluntarias.
Entre el 19 y el 21 de abril, Buenos Aires fue sede de la Segunda reunión de la Conferencia de las Partes (COP 2 de Escazú) del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú.
Aprobado en Costa Rica en 2018 y firmado por 24 países, de los cuales 15 lo ratificaron, el Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de la región y es el único en el mundo en incorporar disposiciones específicas sobre personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.
Para los expertos, hay una cruda realidad: América Latina y el Caribe es la región más peligrosa para ser activista ambiental y una de las más afectadas por la crisis climática. Casi el 70 por ciento de los asesinatos de defensores del ambiente suceden en América Latina, a lo que se suma un gran número de amenazas, episodios de violencia e intimidaciones hacia quienes buscan proteger el territorio.
“Estamos convencidos que la integración regional y el multilateralismo es lo que nos va a permitir dar respuesta a grandes desafíos que son muy complejos y que ningún país lo va a poder resolver por sí mismo. Es en la integración, sobre todo desde nuestra región y para nuestra región, donde vamos a poder alcanzar soluciones que sean más sostenibles a largo plazo para el desarrollo”, aseguró a la Agencia CTyS-UNLaM Cecilia Nicolini, secretaria de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente de la Nación.
El objetivo de esta Conferencia celebrada en Argentina de carácter extraordinario -el Acuerdo se realiza cada dos años: el año pasado se realizó en Santiago de Chile, en formato híbrido, y el próximo será nuevamente en el país limítrofe-, se centró en definir la elección de los miembros del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento (ver recuadro), los mecanismos de financiamiento y la generación de un Plan de Acción para garantizar la protección de las y los defensores del ambiente del continente.
Asimismo, los Estados Parte anunciaron la puesta en marcha del Fondo de Contribuciones Voluntarias, que serán aportes voluntarios de los países miembros, con México y Chile como los primeros en oficializar sus contribuciones.
Foto gentileza: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.
La votación del Comité, un órgano cuyo fin es promover la aplicación y apoyar a las Partes en la implementación del Acuerdo, se definió por consenso y quedó conformado de la siguiente manera: Andrés María Napoli (Argentina), Guillermo Eduardo Acuña (Chile), Mariana Blengio Valdés (Uruguay), Rita Leonette Joseph-Olivetti (Granada), Patricia Madrigal Cordero (Costa Rica), Carole Denise Angela Stephens (Jamaica) y Félix Wing Solís (Panamá).
Tras dos días de trabajo cooperativo y hacia el cierre de la segunda jornada, los países también aprobaron la «Declaración de Buenos Aires», documento en donde expresaron su compromiso para avanzar en los temas que deberán tratarse en la Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes (COP 3), a realizarse en 2024, con sede en Santiago, Chile.
¿Qué acciones se están realizando en Argentina para implementar el Acuerdo?
Durante la Conferencia, Argentina presentó su Plan Nacional para la Implementación del Acuerdo, donde, bajo el principio de la transparencia, detallaron las instancias de trabajo interno como aquellas abiertas a la participación de la ciudadanía.
Según la Secretaría de Cambio Climático, desde el Ministerio de Ambiente se encuentran trabajando con un equipo de consultores de la CEPAL, con el Banco Mundial y varios organismos para generar una hoja de ruta del esquema de gobernanza para implementar el Acuerdo de Escazú a nivel nacional, así como también para definir la Participación Temprana de las Organizaciones en la toma de decisiones y el acceso a la justicia.
“Estamos en un punto de inflexión donde esperamos que el debate entre ambiente y desarrollo esté superado. El uno sin el otro no es posible, no es viable. Estamos enfrentando una triple crisis planetaria de cambio climático, pérdida de biodiversidad y de contaminación, que nos exige pensar un desarrollo económico y un crecimiento para dar respuesta a grandes problemas que tenemos como la pobreza y la desigualdad”, concluyó Nicolini.
La COP2 celebrada en Argentina congregó a 15 delegaciones de Estados Parte, ocho delegaciones de países observadores, 357 representantes del público, 110 delegados de gobierno, 74 representantes de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales, con más de 600 personas acreditadas en total.
