El debate por la quema de basura se traslada al conurbano bonaerense
Se iniciaron las conversaciones con los intendentes para establecer los lugares donde funcionarán las plantas para incinerar residuos.
El debate por la incineración de los residuos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se trasladó al conurbano. Después de la discusión y reforma de la ley de basura cero en la Ciudad, funcionarios de la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal, el cuerpo directivo del Ceamse e intendentes del PJ y de Cambiemos discuten sobre las posibles ubicaciones de las plantas en las que la combustión de desechos se convertirá en energía eléctrica.
Así lo confirmaron a Infobae fuentes del gobierno provincial, de la empresa estatal a cargo de la gestión de residuos y los propios intendentes. Aunque en un principio la discusión comenzó con desconfianza, los jefes comunales ven ahora una posible solución al problema grave que representan las quemas y los basurales a cielo abierto en sus distritos y a las escasas políticas de recuperación y reciclado que han puesto en marcha.
Los terrenos en análisis para la instalación de las plantas de termovalorización o incineración son ocho. Hay tres en lo que Ceamse denomina Corredor Norte: uno en Exaltación de la Cruz, uno en Campana y otro en Zárate. En el ámbito de acción de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) hay tres en La Matanza; dos en Ezeiza; uno en Lomas de Zamora y uno en Quilmes. Mientras que también se estudian un terreno en la Ciudad de Buenos Aires, en Villa Riachuelo; dos en Tres de Febrero y uno entre San Miguel y San Martín.
Hasta el momento las tres posibilidades más firmes son las que anticipó Infobae: la de la Ciudad, San Miguel y Lomas de Zamora. Pero, las autoridades no descartan sumar más plantas ya que la magnitud de la cantidad de residuos diarios que se generan en el AMBA requiere más acción. Según los cálculos oficiales, cada planta podría tratar unas 3000 toneladas de basura por día, lo que suma 9000 tn, pero quedan otras 7000 u 8000 tn que deberán seguir enterrándose en el relleno sanitario de José León Suárez que tiene una vida útil de 5 años.
Francisco Suárez, antropólogo, especialista en gestión de residuos y docente de la Universidad de General Sarmiento, dijo: «Esto a los intendentes les viene como una solución a un problema que no han encarado. Son muy pocos los municipios del conurbano que han hecho algo y el resultado para los que han hecho no ha sido suficiente. La nueva tecnología puede implicar, y me atrevería a decir que es muy probable, que implique costos muchos mayores a los intendentes por gestionar sus residuos, eso es la antesala del aumento de basurales clandestinos en el conurbano».
De los costos, las posibles ubicaciones y la licencia social con la que contarán las nuevas plantas se discutirá el martes próximo en la reunión que tendrán las autoridades de Ceamse y Alex Campbell, subsecretario de Gobierno y de Asuntos Municipales bonaerenses y Roberto Gigante, ministro de Infraestructura, los dos funcionarios provinciales que llevan adelante las negociaciones con los intendentes.
«Al principio los intendentes tenían desconfianza sobre la posible solución tecnológica, sin embargo, cada vez están más abiertos a la posibilidad de instalar estas plantas, incluso los de la oposición», indicó a Infobae una alta fuente de la gestión bonaerense que pidió la reserva de su nombre.
Para Suárez, el gran problema será la resistencia ciudadana: «Ya ha provocado mucha resistencia la localización de nuevos rellenos sanitarios; por eso los residuos van a Campo de Mayo, porque funciona como un territorio donde no hay resistencia ciudadana», indicó y recordó que el apoyo de los intendentes comenzó luego de que varios viajaran a Europa invitados por Ceamse para ver cómo funciona la tecnología en los países desarrollados.
«Lo que más molesta es la ausencia del debate. Aquí se instaló un modelo de negocio no una política pública. Dentro de la política pública tiene lugar la valorización energética en el marco de ciertas normativas incluidas en la estrategia nacional de residuos sólidos urbanos que prescriben una serie de prioridades como la separación y el compostaje», agregó Suárez, quien sostuvo que en el ámbito académico la termovalorización es una tecnología que se puede evaluar pero no como salida y solución, sino como un elemento luego del reciclaje y compostaje.
En la cooperativa de reciclado Jóvenes en Progreso, de Lomas de Zamora, advirtieron que el proyecto para incinerar la basura afectará «a más de 5000 cartoneros regularizados de la ciudad, a los de la provincia y también a los trabajadores informales».
María, secretaria de la cooperativa, alertó que «la mayoría de las plantas se van a construir en la provincia. En capital una y en Lomas se construiría otra». Además, criticó la comparación con los sistemas de europeos y sostuvo que la incineración en la provincia de Buenos Aires sería distinta, por ejemplo, a la de Alemania: «Tienen otro sistema, recuperan material reciclable (más de un 30 por ciento) y lo que queman es el resto. Acá estamos hablando de quemar todos los residuos, no solamente los húmedos».
Las agrupaciones de recuperadores urbanos reclaman también que se sancione una ley de envases que permita ordenar la actividad. Hace más de 20 años los proyectos para esa normativa naufragan en el Congreso de la Nación.
En América Latina no hay instaladas aún plantas de termovalorización como las que se piensan instalar en Buenos Aires. Hay un proyecto en México DF, que debe tratar unas 13000 tn diarias de basura, que se pondrá en marcha próximamente pero que ha tenido mucha resistencia de ongs y sectores sociales. Esa instalación la realizará la compañía francesa Veolia, que cuenta con plantas en todo el mundo y en Buenos Aires es una de las compañías a cargo de la recolección de residuos.
Hubo otros intentos en Costa Rica; en la isla colombiana de San Andrés y en Venezuela, pero no prosperaron.
Las centrales que se instalarán en el AMBA contarán con un espacio para el Tratamiento Mecánico Biológico de la Basura (MBT, por sus siglas en inglés y consiste en separar los residuos que no hayan sido separados) y el sector de termovalorización. Tienen un costo que oscila entre los 400 y los 800 millones de dólares y el modelo es de inversión privada. La recuperación del capital se concretará con la venta de la electricidad al mercado energético, según aseguran en las dependencias oficiales.
La discusión recién comienza. En el mejor de los escenarios, las autoridades esperan llamar a licitación en el segundo semestre de este año.
Fuente: Infobae
