El Senado de la Nación volteó el proyecto de la ley de humedales
Ambientalistas acusaron al lobby sojero e inmobiliario de presionar contra la legislación. Los senadores santafesinos no ayudaron.
El Senado nacional dejó herido de muerte al proyecto de ley de humedales impulsado por ambientalistas y científicos de todo al país al votar el pasado martes por la noche a favor de la vuelta a comisiones de la iniciativa a sólo una semana del fin de las sesiones, lo que en la práctica significa que casi con seguridad terminará perdiendo estado parlamentario una vez más.
Para el abogado Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, se trata de un «enorme retroceso» después de un trabajo de más de tres años que incluyó decenas de reuniones con organizaciones ambientalistas de todo el país, varias audiencias públicas y el apoyo de un abanico muy amplio de expertos.
El proyecto de la ley de humedales dispone estándares mínimos para la conservación, protección, restauración ecológica y uso racional y sostenible de los humedales a fin de preservar los servicios ecosistémicos que estos brindan. También establece como pasos necesarios la realización de un inventario nacional y de un ordenamiento territorial de los humedales en el marco de un proceso participativo.
Sorpresivo cambio. La versión original de esta ley tenía, hasta hace poco más de un mes, el aval de 16 senadores nacionales e incluso el compromiso público de apoyo del propio presidente Mauricio Macri, quien en febrero pasado en un acto afirmó que el país precisaba una ley de esas características.
Sin embargo, en las últimas semanas el PRO cambió de postura y motorizó otro proyecto a través del senador entrerriano Alfredo de Angeli, que a través de algunas picardías legislativas demoró el proceso legislativo para conducirlo hasta la pérdida de estado parlamentario, que es lo que muy probablemente ocurrirá el próximo miércoles en Buenos Aires.
Según evaluó Viale, el cambio de postura de varios legisladores de diferentes fuerzas (El Frente para la Victoria votó «partido», algunos a favor y otros en contra) obedece tanto a la fuerte presión de los desarrolladores inmobiliarios como al lobby del agronegocio, dos sectores que se opusieron con fuerza a la idea de proteger esas tierras y regular su uso.
Lobby y posturas. Pero también al cambio de postura del gobierno nacional, que después de declararse públicamente a favor de la sanción de la ley comenzó a operar en su contra a través de sus senadores, según argumentó el abogado ambientalista.
«Las desarrolladoras son las principales detractoras de la ley, incluso más que el agro, ya que va contra sus negocios en la zona del Delta en Buenos Aires», agregó el experto.
Para Viale estos sectores «comenzaron a agitar fantasmas y a mentir» respecto a las consecuencias que hubiera implicado esa ley, sobre todo motorizado por la corporación inmobiliaria que «tiene un poder de lobby enorme y muy silencioso».
«Ya estaba todo listo para la sanción de la ley, pero prevaleció el lobby del agronegocio y de las inmobiliarias, que ejercieron enormes presiones para tumbarla», dijo Viale, quien aclaró que si bien queda un pequeña instancia legislativa todavía en los hechos la sanción «es casi imposible» ya que la fecha final para eso es el próximo 30 de noviembre.
Además señaló el abogado de la asociación ambientalista que desde el propio gobierno de la Nación presionaron a los gobernadores para que sus senadores votaran en contra de la ley. «Macri actuó en contra de su propia promesa», recordó Viale.
Fuente: La Capital
